Con la vista puesta en la expulsión masiva de gitanos iniciada por el Gobierno de Nicolas Sarkozy en Francia, el Ejecutivo italiano se dispone a aprovechar la veda abierta por sus vecinos transalpinos. Este fin de semana, el ministro de Interior italiano, Roberto Maroni, del partido antiinmigración de la Liga Norte, anunció que seguiría la estela francesa para deportar a ciudadanos de otros países europeos que no puedan mantenerse económicamente de forma independiente.
Además, adelantó que, en la reunión que los ministros de Interior de la UE celebrarán en París el próximo 6 de septiembre, propondrá “ir un paso más allá” que el Ejecutivo francés, para abordar la expulsión sistemática de ciudadanos que, como en su opinión los gitanos, sean “una carga” para su sistema de Seguridad Social.
“No repatriaciones voluntarias o asistidas, sino expulsiones como las de los inmigrantes ilegales”, recalcó Maroni. “Naturalmente, sólo para quienes violan las normas de requisitos para vivir en otro país miembro: un nivel mínimo de ingresos, viviendas adecuadas y no ser una carga para el sistema del país que los acoge. Muchos rumanos son ciudadanos de la UE pero no respetan ninguno de estos requisitos”, añadió.
Sin embargo, el portavoz insistió en que, en todo caso, las deportaciones deben hacerse “de forma individualizada”, analizando la situación “caso por caso” de cada extranjero comunitario, y no de forma “masiva”. Y además, dichas expulsiones deben ser efectuadas “de forma proporcional” a su situación.
Entre tanto, la Comisión Europea, que hace dos años frenó otra iniciativa de Italia para expulsar a ciudadanos comunitarios, intenta nadar entre dos aguas con una actitud que sus detractores denuncian como “tibia”. Sin llegar a condenar las medidas adoptadas por Francia y anunciadas por Italia, Bruselas ha repetido en los últimos días que “vigila muy de cerca” la expulsión de gitanos, que son “ciudadanos europeos a título completo” y que como tales gozan “íntegramente de libertad de movimientos”.
Ayer, el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Matthew Newman, se vio literalmente acribillado por las preguntas de los periodistas relativas a la ola deportadora que atestigua el discurso de Maroni. Intentando no mojarse en exceso, Newman admitió que la normativa europea permite impedir la residencia de ciudadanos de otros países comunitarios que no cumplan ciertos requisitos económicos.
El año pasado, el Gobierno francés habría deportado ya a unos 10.000 gitanos a Rumanía y Bulgaria. De ellos, más de un tercio parecen haber regresado a suelo galo. “En todo caso, el problema nuestro es algo más: a diferencia de en Francia, muchos romaníes y sintis tienen aquí nacionalidad italiana. Tienen el derecho de quedarse. No puede hacerse nada”, añadió el Ministro del Interior del Ejecutivo de Berlusconi.
Mientras España sigue abriendo la mano e inyectando liquidez a los colectivos más marginales, los principales parlamentos europeos parecen ir en la senda totalmente opuesta. ¿Quizás preámbulo de un nuevo ‘efecto llamada’ del Gobierno de Zapatero?
Fuente: Alerta Digital
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