¿Podremos saber alguna vez si nuestros políticos se enriquecen a costa de su cargo público?

El escaso crédito que tienen los políticos a ojos de los ciudadanos es una constante que se ve reflejada en todas las encuestas al respecto. La política local, tras los constantes escándalos sobre corruptelas urbanísticas, es una de las principales fuentes de desconfianza ciudadana.
Para lavar la cara a esta mala imagen, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), dice que está elaborando un Código de Buen Gobierno para garantizar la máxima transparencia en la gestión local. Para empezar la próxima Ejecutiva de la FEMP, que se celebrará a finales de septiembre en Valladolid, estudiará una serie de criterios básicos que fijarían el salario de los alcaldes, que en ocasiones llegan a ponerse sueldos superiores al del presidente del gobierno. Los sueldos irían en relación al número de habitantes y, así, habría un salario para alcaldes de municipios de menos de 25.000 habitantes, otro para ayuntamientos de 25.000 a 50.000, y así sucesivamente. Claro, que quien hace la ley hace la trampa, y el presidente de la FEMP, Pedro Castro, ya anuncia excepciones, apuntado que también se tendrán en cuenta otros criterios y que se hará de una manera racional y ha augurado que con el modelo que se adopte “unos sueldos se verían mermados y otros podrían subir”. De dietas y otros gastos de representación nada se dice.
Otra de las medidas que estudia la FEMP es publicar en la página web de cada ayuntamiento, y que se facilite a los medios de comunicación, la declaración de bienes del alcalde. Una medida más propagandística que útil, dado que la autentica manera de controlar la legalidad del gasto municipal sería restaurar la independencia de la Intervención Civil del Estado, institución que “se cargo” la UCD nada más llegar al poder, con la disculpa de la autonomía municipal.
Más problemático es controlar los tráficos de influencias, que en materia de urbanismo tantos casos de corrupción genera. La FEMP apela a la participación ciudadana para aportar transparencia a la gestión municipal. Esta coparticipación alcanzaría a los planes generales de urbanismo, de forma que cuando se vaya a modificar un plan general, “el proceso sea transparente y público. De esta forma, los ciudadanos tendrán la misma información de la que dispone el órgano de Gobierno de su municipio, “al mismo tiempo y con la misma calidad”. Una medida que la Ley de Suelo ya prevé a través de su publicación en los diarios oficiales. Pero más valdría a la FEMP preocuparse por cumplir la legislación vigente, ya que con respecto a la obligación de publicar, a disposición de los vecinos en la web del Ayuntamiento, el planeamiento en vigor, menos de un tercio de los municipios mayores de 5000 habitantes lo cumple.

Extraído de la web http://www.minutodigital.com/actualidad2/2008/09/15/%c2%bfpodremos-saber-alguna-vez-si-nuestros-politicos-se-enriquecen-a-costa-de-su-cargo-publico/

Nunca sabremos la verdad ya que entre ellos roban y entre ellos se protegen. Solo contados casos han salido a la luz. En este país quien se mete en la política no es para mirar por el bien de sus conciudadanos y gestionar lo mejor posible los recursos, no, en este país lo que buscán es robar al pueblo lo máximo posible y descojonarse de ellos a más no poder.

Porque nosotros cuando vamos a votar les damos alas, pues ya va siendo hora de cortárselas y que más de uno pase por el puchero para limpiar sus pecados.
A los políticos corruptos que se enriquecen ellos o familiares de sus cargos habría que someterlos a trabajos forzados para que supieran lo que es trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente. Así no habría tanto mamoneo y cachondeo como el que hay.